El Poder
Ejecutivo nacional remitió al Congreso de la Nación el proyecto por el cual propone establecer el marco legal
para un amplio blanqueo de capitales.
Se plantea
este instrumento con el objeto de que las tenencias de moneda extranjera –en el
país o en exterior- no declaradas se incorporen al circuito legal y también al
proceso productivo en determinados sectores de actividad.
La norma que
contiene 22 artículos plantea que pueden adherirse al régimen todas las
personas jurídicas o físicas con tenencia de moneda extranjera no declarada en
el país o en el extranjero, excluyendo de tal posibilidad a los sujetos
imputados o querellados por lavado de dinero, trata de personas, narcotráfico o
financiamiento del terrorismo, quebrados o funcionarios públicos y sus
familiares.
El proyecto
no persigue un objetivo recaudatorio, razón por la cual establece un costo
tributario nulo como principal atractivo, a diferencia de lo ocurrido en 2009
cuando se establecía un impuesto especial cuya alícuota oscilaba entre 1 % y 8
%.
Esto implica
que los fondos quedarán eximidos del pago de todo tipo de impuestos atrasados
–ganancias, bienes personales, ganancia mínima presunta e inclusive débitos y
créditos bancarios-, así como también de sanciones y de la aplicación de la
normativa penal tributaria y cambiaria.
Desde el
punto de vista operativo, el sujeto alcanzado deberá depositar los fondos a
declarar en una entidad bancaria o instituciones del mercado de capitales local,
según corresponda, dentro del plazo de 90 días contados desde la promulgación
de la ley.
Como
contrapartida y para canalizar dichos fondos, el gobierno ha propuesto la
creación de los siguientes instrumentos financieros:
·
* Bono
Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico (BAADE) y el Pagaré de Ahorro
para el Desarrollo Económico. Ambos instrumentos estarán nominados en dólares y
las condiciones de emisión se conocerán al momento de ésta. Los fondos
provenientes de esta operatoria se destinarán exclusivamente a financiar
proyectos de inversión pública en sectores como infraestructura e
hidrocarburos.
·
* Certificado
de Depósito Para la Inversión Inmobiliaria (CEDIN) nominado también en dólares
y que serán utilizados como medio cancelatorio para el pago de obligaciones en
dicha moneda, pudiendo utilizarse para la compraventa de terrenos, galpones,
locales, oficinas, cocheras, lotes y viviendas ya construidas y/o a la
construcción de nuevas unidades y/o refacción de inmuebles, pretendiendo de
este modo reactivar el mercado inmobiliario y de la construcción.
El proyecto
luce fuertemente inequitativo con relación a los contribuyentes que tienen sus
impuestos al día, y aún con aquellos que encontrándose en mora deben recurrir a
un mecanismo más gravoso para regularizar su situación. Desde este punto de
vista la propuesta es un duro golpe a la conducta tributaria.
El objetivo
principal de la iniciativa es recomponer las reservas a través de la
repatriación de una parte mínima de la abrumadora fuga de capitales que a lo
largo de muchos años generó la economía argentina y que según los datos del
Balance de Pagos ascendía a U$S 160.000 millones a fines de 2012, como así
también de los U$S 40.000 millones que los residentes argentinos guardan
“debajo del colchón”.
Ocurre que
el flujo de divisas que tiene nuestro país en la actualidad proviene sólo del
canal comercial y desde hace un tiempo –cepo cambiario mediante- resulta insuficiente
para atender la demanda de dólares para importaciones, el pago de la deuda
externa y eventualmente financiar infraestructura. En la lógica del gobierno,
la canalización de estos recursos a los sectores energéticos, inmobiliario y
construcción permitiría acicatear la inversión –en caída libre desde hace más
de un año- y mejorar el nivel de actividad, pidiendo prestado a quienes fugaron
dólares –la expectativa del gobierno es el ingreso de U$S 4000 millones -,
aumentando transitoriamente las reservas, aunque en un futuro no muy lejano
habrá que cancelar la deuda pública generada por este mecanismo.
El blanqueo
pulveriza el mito de la pesificación y da inicio a una nueva etapa de
“endeudamiento” –en este caso, en el mercado informal-, porque aunque no se
repare mucho en este punto, la operatoria incrementará la deuda pública en un
monto equivalente a los fondos blanqueados.
En síntesis,
y como conclusión preliminar el blanqueo no resuelve el problema de fondo que
es la sangría sistemática de nuestras reservas.
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